Al lado del camino: ¿Responsabilidad social?

Noruega actualmente por el dinero que recibe de las actividades petroleras realizadas dentro de su territorio, maneja un “fondo de inversiones éticas”, con valores en las preselecciones de inversión basados en principios de responsabilidad social y medioambiental. Sin confundir ético con solidario, este país a través de un comité decide a qué tipo de proyectos o empresas puede destinar parte de sus fondos.

Una prueba de esto está en que el año pasado, Noruega anunció la exclusión de su fondo de inversiones a la compañía Walmart, por los serios y sistemáticos abusos y violaciones de los derechos humanos y laborales perpetrados por la empresa multinacional. Con estas ya son veintiún empresas de las que el país nórdico retira su dinero (doce son norteamericanas), empresas relacionadas con el negocio de la guerra (producción o desarrollo de armas nucleares, minas de seguridad, etc), que explotan a sus trabajadores o emplean a menores, o son poco amigables con el medioambiente.

A través del “Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable del Ecuador” (CEMDES), actualmente se está promocionando una nueva forma de responsabilidad social llamada "negocios inclusivos", donde los beneficiarios serían productores y consumidores de bajos ingresos. Los atractivos para las grandes empresas estarían en la seguridad para el abastecimiento de sus materias primas, menores costos de transacción al evitar la intermediación, el acceso a los conocimientos de los proveedores y sus redes locales, mejores relaciones con el gobierno, posicionamiento en mercados del comercio justo, un mayor mercado al incluir a personas de bajos ingresos entre sus clientes y el mayor posicionamiento de sus marca entre otros; mientras que los consumidores pagarían precios más bajos y los productores reciben un mayor valor por la venta de sus productos.

Para llevar a cabo este nuevo tipo de negocios, son utilizados comités consultivos, los cuales fueron una implementación del Ministerio de Agricultura para incorporar al sector privado en las decisiones de políticas agrícolas; participan en estos los pequeños productores, industriales, universidades, entidades financieras, ONG´s, el gobierno y otros y, a través de las denominadas cadenas agroproductivas son determinados los precios y la cantidad de abastecimiento para la industria y las grandes comercializadoras. Todo mediante un modelo de contrato donde el productor o agricultor se compromete a vender toda la cosecha a un precio establecido.

El Estado ecuatoriano tiene la obligación de velar (como el caso noruego) si realmente las empresas que pertenecen a estos grupos están cumpliendo con medidas de responsabilidad social y verificar si los negocios inclusivos deberían ser parte de las políticas de compras públicas; teniendo en cuenta cómo algunas empresas poseen el total control de las cadenas agroproductivas (vendiéndole los insumos y comprándole la materia prima al mismo productor). De esta forma excluyen de las decisiones a los pequeños agricultores y pueden imponer sus propuestas a la hora de fijar precios para la compra de los cultivos o producciones y para la venta de sus insumos. Además algunas de las compañías que trabajan en el programa “Alimentate Ecuador”, en muchos casos han sido denunciadas por explotación de trabajadores y campesinos y, daños en el medioambiente.

Los negocios inclusivos pueden ser una oportunidad para los productores y consumidores pobres, pero también a través del Gobierno debe proyectarse en el largo plazo los posibles impactos negativos, principalmente en la soberanía alimentaria y en la propagación de monocultivos entre los campesinos, que dependerán de ayuda alimentaria para obtener alimentos que antes cultivaban.