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19 de diciembre de 2008

Verde hipocresía

Es innegable que el viejo panzón escandinavo que reside en el Polo Norte le está ganando la partida, en el mundo occidental, al niño nacido en un pesebre con mensaje de humildad y amor. De cualquier evento que represente las convicciones, anhelos o preocupaciones de las personas se puede obtener rentabilidad, esto los grandes empresarios lo tienen claro, y así como la navidad está en venta: empresas distribuidoras y productoras, para seguir ganando consumidores o generar confianza y aceptación, también comercializan la idea, gracias a la publicidad en los medios, de ser entidades socialmente y ambientalmente responsables.

"Creo muchísimo en la responsabilidad corporativa porque es justa y rentable" decía Francisco González, presidente de BBVA (banco español). A lo de la rentabilidad, además de la aceptación de la empresa y el ganar más consumidores, también debería sumárseles la sensación que le dan a sus clientes de que están comprando productos que no causan daño al medio ambiente o no traen repercusiones a las personas que los elaboraron. Claro que en esto de lo socialmente y ambientalmente responsable existe una brecha entre ser y aparentar ser una entidad con estas características, y el abismo parecería acrecentarse, como nos dice Rodrigo Fernández Miranda para un artículo de la Revista Pueblos, según el sector de la economía y la cantidad de países en los que una de estas compañías está presente.

Los sectores energéticos y de transporte son los que más invierten en este cambio de look, utilizando tácticas como el falseamiento y ocultamiento de información, y el brindarle bondades ecológicas a sus productos (también debería añadirse las autocertificaciones), que genera esa sensación filantrópica que tan buenos réditos financieros trae. Pero analizando más a fondo este fenómeno caritativo, se puede apreciar que un mínimo de estas acciones promovidas hacen referencia a cambiar nuestros actuales modelos de consumo, como el reducir el número de vehículos por ciudad o desistir del uso de combustibles fósiles. Lo mismo pasa con la venta de productos comestibles considerados ecológicos o con sellos sociales (fair trade), donde empresas como Wal – Mart, en la lista negra de inversiones del Gobierno noruego por no cumplir con mínimos de la legislación laboral, los promociona; u otros grandes supermercados que se jactan de tener en estanterías el 10% de sus productos con alguna certificación social, pero el 90% restante tiene dudosa procedencia.


En Ecuador aún no está en boga el consumo de productos con sellos ecológicos y sociales, los cuales si se utilizan para concienciar a las personas a que sepan de donde vienen sus compras y mejoran el bienestar de vida de los productores, deberían ser incentivados de innumerables modos (la Feria del comercio justo en el Parque de La mujer en Quito, o las promovidas por el Ministerio de Inclusión y Desarrollo social); ni los vehículos con atractivos ecológicos; pero lo que si nos quieren promocionar arduamente es el concepto de "minería sustentable". Un ejemplo podemos encontrarlo en la revista Terra incógnita, en su número de julio del 2008 con la empresa ECSA que nos promete $ 2.5 millones para rehabilitar la cordillera del Cóndor después de que concluya el proceso de extracción, que en realidad costaría más de $ 1.75 mil millones, o Ascendant Cooper que pretendía ganarse a las comunidades de Intag, Cotopaxi construyendo escuelas y universidades, pero cuando los comuneros se negaron la empresa no tuvo más remedios que recurrir a viejos trucos como el uso grupos paramilitares o la compra de tierras para separarlos.

Innumerable cantidad de quejas hubo con los "plenos poderes" de la Asamblea Constituyente, pero nada decimos de las empresas que actúan igual por no existir fuertes legislaciones que las controlen, siendo su único límite la voluntariedad de la Responsabilidad Social (sin olvidar a las firmas comerciales que no la aplican y distribuyen fertilizantes como el Mancozeb que es prohibido en EUA, pero es utilizado en Pueblo Viejo, Los Ríos con nefastos resultados para la población). Son solo negocios, ya saben, como dirían los veteranos de Pink Floyd al ritmo de máquinas registradoras: Money, its a gas/ Grab that cash with both hands and make a stash./ New car, caviar, four star daydream…


16 de abril de 2008

Bajos costos

El 20 de noviembre de 1542, Felipe II (rey de España) firma las Nuevas leyes de Indias. Legislación que es denominada como “la más humana y perfecta que en tiempo alguno se ha dado para gobernar pueblos coloniales”, con disposiciones tan avanzadas como las del Código de Trabajo que actualmente rige en el país. Se señalaba que las autoridades no podían tener intereses económicos en los territorios de su jurisdicción, ni contraer matrimonio con nativas o mantener relaciones sociales con las personas que viven a los alrededores (buscando separar intereses económicos de los políticos); también se prohíben: Los servicios personales y el trabajo forzado a los indígenas, que el tributo de los obreros sea transformado en trabajo, el trabajo infantil y de mujeres embarazadas; el máximo de horas para el trabajo es de ocho. Los indígenas o trabajadores están en el derecho de recibir remuneración por sus labores, protección sobre sus tierras y restitución sobre las que han sido despojadas; ningún tipo de insulto o discriminación y castigo para los antes oprimidos.

Una ley tan perfecta (o tan avanzada como la de aquellos tiempos) recuerda a la que actualmente se está debatiendo en la mesa seis de la Asamblea Constituyente, donde la principal disputa está en los temas relacionados con no permitir ningún tipo de flexibilidad laboral en el país. En los tiempos de la colonia la posición de los comerciantes y latifundistas hacia la orden dictada por la corona fue de: “Acatar pero no cumplir”. ¿Será esta la misma disposición que tengan los empresarios?


La nueva constitución ecuatoriana no puede estar al margen de los fenómenos externos que suceden alrededor del mundo, por lo que sería dogmático eliminar cualquier tipo de flexibilización laboral creyendo que se está haciendo un bien en resguardar los derechos de los trabajadores, a costa de la perdida en la creación de futuros empleos y en la no atracción de inversiones generadores de trabajo en el país. Las soluciones están en la estricta regularización de todas las empresas prestatarias de servicios, la vigilancia por parte de los organismos de control del cumplimiento de los diferentes derechos que tienen los trabajadores (remuneración justa, descanso, beneficios de ley, seguridad física y psicológica, etc.) y las obligaciones de la empresa, la evaluación que permita conocer si las medidas de flexibilización han traído beneficios para los trabajadores, empresarios, la industria y el país en general, y que ninguna ley propuesta afecte la cultura o forma de vida elegido por cada uno de los habitantes del país.

La asamblea constituyente no debería imponer este tipo de restricciones y no ser tan específica en los artículos que propone, al ser distintos los modos de producción en las diferentes provincias del país e industrias. En la futura Carta Magna se debería señalar ciertos principios, derechos y deberes como la remuneración justa, la no discriminación, que el estado será un garante del bienestar del empleado y del cumplimiento de la ley (derecho de los empleados a percibir las utilidades, a estar asegurados, el derecho asociarse), etc.

La definición de las salidas más factibles a una solución que encuentre métodos que alienten la productividad bajo un sistema de remuneración justa, debería estar en la asociación y debates dentro las diferentes industrias. Juntando a los empresarios, trabajadores, Gobierno y consumidores, para definir en cada una su funcionamiento, además de que en Montecristi se está discutiendo sobre una nueva regionalización de las provincias en el Ecuador, donde cada una de estas nuevas regiones podría ser capaz de reunir a los diferentes actores, promover el análisis y entre todos redactar propias legislaciones laborales, teniendo en cuenta las industrias más importantes en cada zona y el impacto que tendrían las leyes en diferentes ámbitos.

Lastimosamente la competitividad y productividad de nuestros empresarios no va más allá de la reducción de costos y, la visión de los asambleístas es tan sectorial que no promueve otro tipo de acciones como educación y políticas de género que terminen con la precariedad y explotación.

Fuentes:

El poder político en el Ecuador, Osvaldo Hurtado.

Artículos constitucionales, redactados por la mesa seis de la Asamblea Constituyente.

http://www.asambleaconstituyente.gov.ec/documentos/articulo_final_mesa_seis.pdf

Diversos artículos y editoriales publicados por el diario EL UNIVERSO.

http://www.eluniverso.com/

Observatorio laboral del Ecuador

http://www.uasb.edu.ec/contenido.php?cd=1212&swpath=notev&pg=noc

9 de abril de 2008

¿Responsabilidad social?

Noruega actualmente por el dinero que recibe de las actividades petroleras realizadas dentro de su territorio, maneja un “fondo de inversiones éticas”, con valores en las preselecciones de inversión basados en principios de responsabilidad social y medioambiental. Sin confundir ético con solidario, este país a través de un comité decide a qué tipo de proyectos o empresas puede destinar parte de sus fondos.

Una prueba de esto está en que el año pasado, Noruega anunció la exclusión de su fondo de inversiones a la compañía Walmart, por los serios y sistemáticos abusos y violaciones de los derechos humanos y laborales perpetrados por la empresa multinacional. Con estas ya son veintiún empresas de las que el país nórdico retira su dinero (doce son norteamericanas), empresas relacionadas con el negocio de la guerra (producción o desarrollo de armas nucleares, minas de seguridad, etc), que explotan a sus trabajadores o emplean a menores, o son poco amigables con el medioambiente.
A través del “Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable del Ecuador” (CEMDES), actualmente se está promocionando una nueva forma de responsabilidad social llamada "negocios inclusivos", donde los beneficiarios serían productores y consumidores de bajos ingresos. Los atractivos para las grandes empresas estarían en la seguridad para el abastecimiento de sus materias primas, menores costos de transacción al evitar la intermediación, el acceso a los conocimientos de los proveedores y sus redes locales, mejores relaciones con el gobierno, posicionamiento en mercados del comercio justo, un mayor mercado al incluir a personas de bajos ingresos entre sus clientes y el mayor posicionamiento de sus marca entre otros; mientras que los consumidores pagarían precios más bajos y los productores reciben un mayor valor por la venta de sus productos.

Para llevar a cabo este nuevo tipo de negocios, son utilizados comités consultivos, los cuales fueron una implementación del Ministerio de Agricultura para incorporar al sector privado en las decisiones de políticas agrícolas; participan en estos los pequeños productores, industriales, universidades, entidades financieras, ONG´s, el gobierno y otros y, a través de las denominadas cadenas agroproductivas son determinados los precios y la cantidad de abastecimiento para la industria y las grandes comercializadoras. Todo mediante un modelo de contrato donde el productor o agricultor se compromete a vender toda la cosecha a un precio establecido.

El Estado ecuatoriano tiene la obligación de velar (como el caso noruego) si realmente las empresas que pertenecen a estos grupos están cumpliendo con medidas de responsabilidad social y verificar si los negocios inclusivos deberían ser parte de las políticas de compras públicas; teniendo en cuenta cómo algunas empresas poseen el total control de las cadenas agroproductivas (vendiéndole los insumos y comprándole la materia prima al mismo productor). De esta forma excluyen de las decisiones a los pequeños agricultores y pueden imponer sus propuestas a la hora de fijar precios para la compra de los cultivos o producciones y para la venta de sus insumos. Además algunas de las compañías que trabajan en el programa “Alimentate Ecuador”, en muchos casos han sido denunciadas por explotación de trabajadores y campesinos y, daños en el medioambiente.

Los negocios inclusivos pueden ser una oportunidad para los productores y consumidores pobres, pero también a través del Gobierno debe proyectarse en el largo plazo los posibles impactos negativos, principalmente en la soberanía alimentaria y en la propagación de monocultivos entre los campesinos, que dependerán de ayuda alimentaria para obtener alimentos que antes cultivaban.

Fuentes:
Las tramposas cadenas de la inclusión, informe elaborado por Acción ecológica.
http://www.accionecologica.org/
Noruega excluye al gigante Walmart de su fondo de inversiones por asuntos laborales.
http://www.rel-uita.org/internacional/ddhh/noruega-walmart.htm,
Noruega retira sus inversiones de Walmart.
http://wal-mart-no.blogspot.com/2007/05/noruega-retira-sus-inversiones-de-wal.html
Retiran inversiones por fallas éticas.
http://www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/noticias-07/0424.html
www.cemdes.org
www.redceres.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_%C3%A9tica
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